La soberanía de nuestro país en las Islas Malvinas es un tema siempre presente en los sentimientos de los argentinos. Existe la certeza viva de que la presencia británica en los archipiélagos del Atlántico Sur es una usurpación colonial; durante el campeonato mundial, ese reclamo mayoritario estalló de la mano de los simpatizantes y los futbolistas y, pocas semanas después, el presidente Javier Milei lo incorporó a la agenda política.
En las relaciones internacionales, los diferendos territoriales son cuestiones delicadas y no negociables.
Hoy, la soberanía territorial argentina no solo está en juego en los archipiélagos, sino también en el control de la explotación pesquera y petrolera en la región. Hoy, ese control es insuficiente y débil, y esto se agrava aún más cuando los cambios profundos y poco previsibles en el orden internacional obligan a poner mucha atención en la circulación marítima y en el Sector Antártico. Baste pensar en la presión estadounidense sobre el canal de Panamá y su interés manifiesto por el estrecho de Magallanes, que forman parte de sus objetivos comerciales y militares.
En las últimas semanas, el presidente Donald Trump insinuó un cambio de postura en su apoyo a la posición británica sobre las Islas Malvinas. Pero lo hizo fundado en un reproche al gobierno de Londres por no haber apoyado la guerra iniciada por EE. UU. contra Irán. Es un gesto coherente con su arriesgado alejamiento de Europa, pero que supondría romper un acuerdo medular con un país que es mucho más que un aliado de los EE. UU.
Al mismo tiempo, no hay que olvidar que, en diciembre pasado, el presidente republicano promulgó el llamado «Corolario Trump» o «Doctrina Donroe», que establece la aspiración al control hegemónico sobre el continente americano, desde el Ártico y Groenlandia hasta la Antártida. Una estrategia destinada a hacer retroceder la influencia de China y Rusia en la región y a subordinar a los países de todo el continente, sus mares y sus sectores polares.
Pero es imprescindible dejar en claro que los derechos de la Argentina no deben ser compartidos ni administrados por ninguna potencia extranjera, sino reconocidos y hechos valer por la ONU, lo que es difícil debido a los intereses de EE. UU., China y Rusia, que en el Consejo de Seguridad del organismo tienen derecho a veto.
El jueves, en su mensaje en cadena, Milei se refirió enfáticamente a la explotación del yacimiento submarino de hidrocarburos Sea Lion, a doscientos kilómetros de las Malvinas y explotado por la empresa israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper Exploration. El presidente anunció la creación de un Consejo de Seguridad y severas sanciones económicas para empresas que abastezcan a esas compañías y que, a su vez, pretendan invertir en la Argentina. A esto se agrega la intensificación de la presión diplomática para terminar con la depredación del Atlántico Sur y el anuncio, sorprendente, de la creación de una base naval en Tierra del Fuego.
Esta decisión compromete al país en una estrategia de soberanía y también va a gozar del apoyo de los argentinos. Porque todo lo que dijo es cierto y necesario, pero, para un gobierno, el cumplimiento de su palabra es un requisito esencial de credibilidad.
Sin embargo, las Islas Malvinas, el Atlántico Sur y el Sector Antártico suponen mucho más que petróleo y pesca. Son también la recuperación de la confianza y del respeto internacional por nuestro país. Y para sostener una posición de fuerza, es necesario intensificar la actividad industrial, desarrollar la logística para el crecimiento homogéneo de todo el país y mantener una actitud coherente para la recuperación del capital humano, debilitado por el declive educativo y la crisis laboral.
Argentina debe ejercer plenamente su soberanía en todo su territorio.
