Los funcionarios de los tres poderes del Estado provincial podrían quedar obligados a someterse a evaluaciones psicológicas al asumir y luego cada dos años si prospera un proyecto de ley incluido en el Acta de Labor Parlamentaria de la Cámara de Diputados de hoy.
La iniciativa, presentada por la diputada Mónica Juárez, propone establecer un Certificado de Aptitud Psicológica obligatorio para funcionarios del Poder Ejecutivo hasta la categoría de director provincial, autoridades y legisladores del Poder Legislativo y autoridades y funcionarios del Poder Judicial.
El primer examen debería realizarse dentro de los 30 días posteriores a la designación o elección. Después tendría que repetirse cada dos años con el objetivo, según establece el proyecto, de corroborar la condición de la persona para continuar desempeñando el cargo.
Un aspecto central de la propuesta es que los certificados no podrían ser emitidos por profesionales particulares ni instituciones privadas. Para hacerlo, se crearían tres equipos de diagnóstico psicológico: uno para el Ejecutivo, otro para el Legislativo y un tercero para el Judicial. Tendrían independencia administrativa, económica y financiera respecto del poder cuyos funcionarios deban evaluar.
Esos equipos estarían integrados por médicos psiquiatras y licenciados en Psicología seleccionados mediante concursos públicos de títulos, antecedentes y oposición. Los profesionales tendrían dedicación exclusiva y carácter vitalicio mientras mantengan buena conducta.
Entre sus atribuciones estaría analizar la aptitud psicológica de los funcionarios, además de aspectos que el proyecto enumera como «rectitud moral y ética, discernimiento, ecuanimidad, equilibrio, eficiencia y lucidez». También tendrían la facultad de determinar la habilitación o no de cada funcionario para ejercer la función encomendada y expedir el correspondiente certificado.
Los resultados estarían alcanzados por criterios de reserva, confidencialidad e intimidad. Solo tomarían estado público cuando constituyeran un fundamento que impidiera la designación de un funcionario, situación en la que deberían activarse los mecanismos previstos para cubrir el cargo vacante.
Sin el narcotest
Aunque la Ley Provincial 8.533 establece controles toxicológicos obligatorios y sorpresivos para funcionarios de los tres poderes del Estado y de los municipios, el sistema todavía no comenzó a aplicarse en Salta. En junio se conformó una comisión multisectorial para avanzar en esa reglamentación.
