La Libertad Avanza formalizó una denuncia penal ante la Justicia provincial por los hechos de vandalismo y amenazas registrados el jueves 6 de agosto alrededor de las 18.30 en la sede partidaria conocida como Casa de la Libertad, ubicada en Zuviría 460, en la ciudad de Salta.
Según informó el espacio político, la presentación judicial encuadra los episodios bajo las figuras penales de daño agravado cometido en banda, incitación a la violencia colectiva, intimidación pública, amenazas coactivas e intento de violación de domicilio, y solicita la inmediata investigación para identificar y sancionar a los responsables.
De acuerdo con el escrito presentado, los incidentes ocurrieron en el marco de una movilización convocada por agrupaciones opositoras al Gobierno nacional, en el marco del tratamiento de la Ley de Tierras en el Congreso, lo que finalmente fue aplazado. Sin embargo, la protesta se realizó de todos modos tanto en Buenos Aires como en Salta y en otras provincias.
La denuncia sostiene que concejales capitalinos vinculados al oficialismo provincial, junto a figuras públicas y referentes de organizaciones como el Partido Justicialista, La Cámpora, el Partido Obrero y la CGT, entre otras, encabezaron y dirigieron la marcha que terminó «con ataques» frente a la sede partidaria.
La Libertad Avanza afirmó que durante la manifestación se realizaron pintadas sobre la fachada del edificio, se arrojaron piedras y huevos contra el inmueble y se intentó ingresar por la fuerza al lugar. Además, señaló que los manifestantes profirieron amenazas directas de daño físico contra las personas que se encontraban en el interior del edificio.
Desde el partido destacaron especialmente la intervención de la Policía de Salta, a la que agradecieron por su actuación durante el episodio. Según expresaron, el rápido accionar de los efectivos permitió impedir el ingreso de los manifestantes y evitar consecuencias de mayor gravedad tanto para la propiedad como para la integridad física de quienes permanecían dentro de la sede.
La causa quedó radicada en la Justicia provincial, que deberá analizar la denuncia y avanzar con las medidas de investigación correspondientes para determinar las responsabilidades por los hechos ocurridos durante la protesta.
