DIFUSIÓN.-
El debate político salteño se caldea con las declaraciones del senador por el departamento de General Güemes, Enrique Cornejo, quien ha expresado su profunda consternación y asombro ante la postura del diputado nacional Carlos Zapata, quien dijo recientemente que fue víctima de una campaña el año pasado, vinculándolo a los intereses de tabacaleras nacionales, y en particular al llamado “Rey del Tabaco”. Consultado Cornejo, expresó que Zapata ha salido a «Justificar y defender a empresas que no cumplen con la estructura fiscal que ha sido legítimamente legislada por el Congreso de la Nación.
Lo que resulta extraño para el senador es que el legislador libertario, “elegido por el pueblo y “con obligaciones constitucionales» “salga a avalar, justificar y defender ese accionar” puesto que “se trata de un contribuyente que el propio Estado, a través de ARCA ha determinado que ha evadido» y más siendo un contador público nacional.
El centro de esta polémica es el famoso y conocido “Rey del Tabaco», Pablo Otero, propietario de la tabacalera Sarandí, quien ya fuera noticia tiempo atrás, por presunta evasión fiscal y lavado de dinero. Cornejo recuerda que las autoridades han intimado a Otero “a pagar al Tesoro de la Nación una suma cercana a los dos mil millones de dólares**. En este contexto, la defensa de Zapata a este contribuyente es vista por Cornejo como un accionar «muy llamativo».
La relación del diputado Zapata con este controvertido personaje y su posición frente a la evasión fiscal no son los únicos puntos de crítica. Los antecedentes muestran que Zapata ha sido «declarado persona no grata» a pedido de diversos asociados y dirigentes del sector productivo.
Las palabras del senador Cornejo dibujan un panorama de profunda preocupación por la coherencia de algunos representantes públicos. La defensa de un evasor de gran envergadura y la supuesta «deformación de la realidad» en debates legislativos plantean serias preguntas sobre la responsabilidad y el compromiso de ciertos diputados con sus mandatos constitucionales. La comunidad salteña espera que sus legisladores actúen en defensa del interés público y el cumplimiento de la ley, no justificando acciones que perjudican las arcas del Estado y, por ende, a todos los ciudadanos.
