El escándalo por la compra de vehículos de lujo para el Poder Judicial fue expuesto por el abogado Carlos Uslengui, quien reveló que en 2024 se adquirieron 20 unidades de alta gama por más de $400 millones.
Sí, leíste bien: 20 vehículos en un solo año. Y no cualquier vehículo. Entre los modelos adquiridos figuran dos Toyota SW4 SRX, con caja automática y capacidad para siete pasajeros, cotizadas hoy en $72 millones cada una. También se sumaron una Ford Territory Titanium, varias camionetas Toyota y hasta una Peugeot 2008 tope de gama, entre otras unidades que engrosan una flota judicial que ya supera los 65 vehículos.
Lo más llamativo es que muchos de estos autos no están logueados ni identificados como oficiales, lo que impide rastrear su uso real. ¿Quién los maneja? ¿Para qué se usan? ¿Por qué no llevan logo ni están registrados adecuadamente?
Esta información proviene de informes de la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad Automotor, y las patentes de algunas de estas camionetas (como la AG-888-XA y AG-888-XB) pueden verse circulando sin identificación oficial, en zonas como la calle Galíndez durante la noche.
El contraste es brutal: mientras se alega falta de presupuesto para construir una Ciudad Judicial, para mejorar la infraestructura o digitalizar expedientes, se destinan cifras millonarias a renovar un parque automotor que ya venía recibiendo nuevas unidades en años anteriores. Solo en 2022, por ejemplo, se habían adquirido 17 vehículos más.
El debate está servido: ¿Se trata de una administración ineficiente, privilegios disfrazados de necesidad o una estrategia deliberada para mantener el control sin rendición de cuentas?
En un país donde el poder judicial exige independencia, pero también exige recursos, la transparencia en el uso de fondos públicos debería ser un mínimo ético, no un favor esporádico.
La denuncia pone en evidencia un fuerte contraste con los reclamos por «asfixia presupuestaria» realizados por el propio Poder Judicial durante ese mismo año.
