La jueza penal juvenil Tatiana Dip explicó a El Tribuno cómo funcionará el nuevo régimen, qué medidas podrán adoptar los magistrados y en qué casos un adolescente podrá ser privado de su libertad.
¿Cuál es el cambio más significativo que introduce la nueva ley?
Ahora comienza a regir la Ley nacional 27.801, que regula el proceso penal juvenil y determina qué personas menores de 18 años pueden recibir una sanción penal. La norma no solo establece la baja de la edad de imputabilidad a los 14 años, sino que también regula distintas formas de intervención frente a los adolescentes que cometen un delito. Marca una tendencia hacia el trabajo con medidas socioeducativas.
Además, establece la punibilidad para todos los delitos. No se limita a los hechos graves: todos los delitos, sean leves o graves, previstos en el Código Penal pueden dar lugar a una sanción cuando son cometidos por adolescentes alcanzados por la ley.
¿Para los delitos más graves, como el homicidio, se establece una pena máxima de 15 años?
Así es. La ley fija un límite de 15 años y da cumplimiento a los estándares internacionales y a los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Argentina fue sancionada en su momento, en el caso Mendoza, por la imposición de penas de prisión perpetua a personas que eran menores de 18 años al momento de cometer los hechos.
¿Cómo será el procedimiento judicial a partir de ahora? ¿El adolescente puede llegar a juicio?
Por supuesto. Se le garantizan el derecho de defensa y todas las garantías constitucionales que corresponden a una persona imputada. La ley tiene una visión vinculada con la justicia restaurativa. Se procura evitar la llegada a juicio mediante la posibilidad de que la víctima y el imputado alcancen un acuerdo o encuentren alguna manera de reparar el daño. También se contemplan medidas alternativas que pueden permitir el cumplimiento de una sanción o la reparación.
Se llegará a juicio cuando las partes consideren que debe intervenir un juez para impartir justicia y dictar una sentencia, sobre todo en los delitos graves. Pero durante todo el proceso especializado se trabajará con una mirada restaurativa.
¿Cómo se buscará la reinserción social de los adolescentes y dónde serán alojados quienes deban ser privados de su libertad?
La resocialización tiene una importancia central cuando hablamos de adolescentes. El fin último del derecho penal juvenil es lograr esa resocialización y la reinserción en la sociedad, desde una mirada constructiva.
Cuando, por las valoraciones jurídicas y fácticas del caso, se considere que un adolescente debe ser privado de su libertad, tanto en Salta capital como en el interior de la provincia existen centros especializados para el cumplimiento de esa medida.
¿Qué cambiará en el trabajo del Juzgado Penal Juvenil?
Habrá un volumen mayor de causas, porque la franja de 14 a 16 años ingresará al sistema y requerirá la intervención inmediata de un juez especializado.
¿Se espera entonces un incremento importante de expedientes?
El sistema tendrá mayor volumen de causas. Nos venimos preparando desde que la ley fue sancionada, en febrero, tanto desde la Corte de Justicia como desde los órganos de aplicación del Ejecutivo. Nos hemos preparado para poder estar a la altura y atender la demanda que posiblemente se produzca.
¿Qué ocurrirá con los adolescentes involucrados en casos de microtráfico, una materia que se encuentra bajo la jurisdicción provincial? A veces son utilizados por adultos…
Cuando un adolescente comete un delito junto con un adulto, interviene la Fiscalía de adultos en la investigación y los jueces de Garantías respecto de los mayores. Al mismo tiempo, se da intervención al juez especializado por la participación del adolescente.
Muchas veces los chicos son utilizados para cometer delitos, no solamente en hechos de microtráfico, sino también en otras figuras delictivas, como los robos. La ley prevé un agravamiento de la pena para los adultos que cometen un delito con la participación de una persona menor de edad.
Para los delitos que no son graves, ¿qué sanciones se contemplan antes de llegar a la privación de la libertad?
La ley prevé muchas medidas anteriores a la privación de la libertad, que debe ser considerada como el último recurso. Las alternativas van desde una amonestación hasta una prisión domiciliaria con dispositivos electrónicos, entre otras medidas que el juez puede valorar para que el joven permanezca sujeto al proceso.
¿Cómo se aplicarán las amonestaciones?
Eso comenzaremos a ponerlo en práctica con la entrada en vigencia de la ley. Por lo que hemos estudiado, se aplicarán en el contexto de audiencias en las que se le hará saber al joven cuál es el delito que se le atribuye.
De acuerdo con la gravedad del hecho -porque no debe tratarse de un delito grave-, pueden disponerse diferentes opciones, como la reparación del daño o el pedido de disculpas a la víctima. Dentro de ese llamado de atención, el juez podrá establecer distintas medidas si el delito, la causa y las circunstancias lo ameritan.
¿La Provincia contará con tobilleras electrónicas para aplicar las medidas previstas?
Tengo entendido que el Estado se está preparando para incorporar dispositivos electrónicos y otras formas de abordaje de los adolescentes, principalmente desde una mirada socioeducativa.
Antes de dictar una medida de esas características, los jueces tenemos en cuenta dónde vive el adolescente, cuál es su contexto familiar, si su familia lo contiene, su situación social y cultural y su grado de vulnerabilidad. Según tengo entendido, se dotará de dispositivos electrónicos a toda la provincia, teniendo en cuenta que la ley los contempla expresamente.
¿Cómo se abordaría el caso de un adolescente de 14 años acusado de abusar de una joven de su misma edad?
Intervendría inmediatamente la Justicia especializada, a través de las fiscalías especializadas. Se iniciaría una investigación penal preparatoria y, a partir de las pruebas producidas, se podría avanzar hacia otra etapa procesal si la Fiscalía considera que el hecho existió y que el adolescente fue su autor.
La causa podría ser elevada a juicio y el adolescente, juzgado. La ley contempla la prisión preventiva y también la privación de la libertad como condena firme. Si el adolescente tiene 14 años y la causa es elevada a juicio dentro del plazo de un año, podría encontrarse cumpliendo una condena efectiva a los 15 años.
¿Cómo investigarán los delitos digitales, que requieren conocimientos y recursos tecnológicos específicos?
Ya trabajamos con este tipo de delitos. Son investigaciones complejas que requieren recursos tecnológicos para poder esclarecer los hechos. La Fiscalía Penal Juvenil cuenta con el apoyo del Cuerpo de Investigaciones Fiscales y de operadores especializados.
Si dos adolescentes de 14 años se pelean y uno cae, se golpea y muere, ¿el otro puede tener responsabilidad penal?
Sí. Puede existir responsabilidad por homicidio o por lesiones graves o leves. Cualquier tipo de lesión ingresa ahora en el sistema penal para adolescentes.
Hay que tener en cuenta que se trata de un sistema especial. Tanto la ley nacional como la normativa provincial que regula el proceso penal juvenil contemplan esa especialidad, porque son jóvenes en desarrollo, que están aprendiendo y transitando la adolescencia, y que necesitan respuestas por parte del Estado.
¿Cómo se analiza el bullying desde el derecho y cuándo puede convertirse en delito?
Muchas veces se relaciona con situaciones de hostigamiento, generalmente dentro de contextos escolares. Ese hostigamiento puede producirse mediante las redes sociales o a través de la difusión de un video.
Son situaciones que se generan entre adolescentes y en las que la persona agredida puede realizar una denuncia. Quien ejerció la agresión podría tener una consecuencia penal si, después de una valoración jurídica, se determina que la conducta configuró un delito.
¿Se registran en Salta casos de difusión de videos que involucran a adolescentes?
Últimamente son más frecuentes de lo que quisiéramos.
¿Las chicas son las principales afectadas?
Sí. En esos contextos, generalmente somos las mujeres quienes quedamos más expuestas ante esta clase de delitos.
¿Ingresar con un arma a una escuela, aunque no se efectúen disparos, puede configurar un delito?
Sí. Este año tuvimos experiencias en la provincia de Salta, y creo que también ocurrieron situaciones muy complejas en el resto del país. Son hechos que requieren la intervención de la Fiscalía y de un juez especializado.
Aunque el adolescente diga que llevó el arma sin intención de matar ni de disparar y solamente para mostrársela a sus compañeros, puede configurarse el delito de intimidación pública, previsto en el Código Penal. Por eso debe intervenir la Justicia especializada.
