La Justicia salteña investiga una presunta maniobra de administración fraudulenta que habría ocasionado un perjuicio económico de $240.508.005,40 a la empresa Yuriti S.A., propietaria del comercio Río Shop Deco, que cuenta con una sucursal en la ciudad de Salta. En el marco de la causa, este miércoles 28 de octubre se realizaron tres allanamientos en los que se secuestraron vehículos, dispositivos electrónicos y documentación comercial.
Los procedimientos fueron solicitados por la fiscal penal interina de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, y se concretaron en tres inmuebles ubicados en los barrios Pereyra Rosas y El Huaico, de Salta capital, y en la localidad de San Luis.
Los operativos estuvieron a cargo de investigadores de la Unidad de Investigación UDEC, dependiente del Departamento de Investigaciones y Criminología del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), bajo la coordinación del comisario inspector Juan Pablo Sánchez y con la intervención del secretario letrado Walter Inda.
Como resultado de los allanamientos, los investigadores secuestraron una camioneta Ford Ranger, un automóvil Volkswagen T-Cross, cuatro teléfonos celulares, dos computadoras portátiles y documentación comercial, entre la que se encontraban facturas y comprobantes de depósitos. Todos estos elementos serán analizados como parte de la investigación.
Durante el procedimiento realizado en San Luis también se encontró un revólver calibre .22, sin cartuchos. Debido a que el arma no estaba relacionada con el objeto de la causa, se dio intervención a la Unidad Fiscal de Flagrancia, que dispuso las actuaciones correspondientes.
La investigación comenzó a partir de una denuncia presentada por la propia empresa, luego de que una revisión de sus registros comerciales y movimientos bancarios permitiera advertir irregularidades en las operaciones efectuadas en la sucursal salteña.
Una auditoría interna, posteriormente respaldada por una certificación contable externa, identificó 540 comprobantes correspondientes a operaciones realizadas entre enero de 2024 y abril de 2026, cuyos importes no figuraban acreditados en las cuentas bancarias de la firma.
A partir de esa documentación, la empresa denunció un perjuicio económico de $240.508.005,40.
De acuerdo con la hipótesis de la Fiscalía, el encargado de la sucursal habría aprovechado las facultades de administración y control que tenía dentro del comercio para indicar al personal que determinadas ventas fueran registradas como pagadas mediante transferencias bancarias, sin comprobar que el dinero hubiera ingresado efectivamente a las cuentas de la empresa.
Esta modalidad habría permitido que se entregara mercadería a los compradores sin que la firma recibiera los pagos correspondientes.
Durante el avance de la investigación, personal de la Unidad de Investigación UDEC del CIF reunió declaraciones de empleados y compradores, documentación comercial, registros bancarios y relevamientos de redes sociales.
Entre los elementos incorporados a la causa se detectaron operaciones en las que clientes habrían transferido dinero a cuentas personales y billeteras virtuales del principal investigado, convencidos de que estaban utilizando medios de pago autorizados por el comercio.
Las tareas investigativas también permitieron establecer vinculaciones con un local denominado New Concept House, donde se habrían comercializado muebles y otros artículos similares a los ofrecidos por Río Shop Deco. Según la información fiscal, algunos de esos productos provenían de proveedores exclusivos de la empresa denunciante.
En función de los elementos reunidos hasta el momento, la fiscal Salinas Odorisio atribuye provisionalmente al encargado de la sucursal la presunta autoría del delito de administración fraudulenta, mientras que otras tres personas son investigadas como posibles partícipes necesarias de las maniobras.
Por otra parte, el relevamiento patrimonial realizado durante la investigación permitió identificar adquisiciones de vehículos y otros movimientos económicos que actualmente son analizados para establecer si tienen alguna vinculación con los hechos denunciados.
Como parte de las medidas solicitadas, la fiscal también requirió la inmovilización de fondos en cuentas bancarias y billeteras virtuales vinculadas al principal investigado.
La causa continúa en etapa de investigación, con el análisis de la documentación comercial, los registros bancarios y los demás elementos incorporados durante los procedimientos.
El objetivo de las medidas es determinar el alcance de las presuntas maniobras fraudulentas denunciadas por Yuriti S.A. y establecer las eventuales responsabilidades penales de las cuatro personas investigadas.
